La segunda reunión de la sesión plenaria de este jueves 25 de mayo, cuyo único punto del orden del día era la comparecencia del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente sobre la retirada de Banderas Azules de la playas del Mar Menor, se ha iniciado con la lectura de una Declaración Institucional sobre el refuerzo a los partidos judiciales ante el aumento de los asuntos por cláusulas abusivas hipotecarias.
Los portavoces de los Grupos Parlamentarios: Víctor Manuel Martínez Muñoz, Popular; Rafael González Tovar, Socialista; Óscar Urralburu Arza, Podemos; y Miguel Sánchez López, Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, han elevado al pleno esta Declaración, “conscientes de la necesidad de solucionar un problema que afecta a tantos ciudadanos, ante el que la Asamblea no puede quedarse al margen”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un plan de contingencia con el fin de hacer frente en los juzgados al previsible aumento de actividad por la presentación de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas de hipotecas. Este plan contempla, como medida estrella y resolutiva al previsible colapso judicial, la creación ad hoc de un único juzgado por provincia con personal especializado.
Esta medida, que previsiblemente entraría en funcionamiento el próximo día 1 de junio, “no ofrece – según los Colegios de Abogados de Cartagena y Lorca, así como los Colegios de Procuradores de Cartagena, Lorca y Murcia, con los que se han entrevistado los diputados-, a los ciudadanos de la Región garantías plenas y efectivas de una debida asistencia jurídica”.
Por ello, con esta Declaración Institucional se solicita al Consejo de Gobierno que se dirija al Gobierno de España, y que dentro de sus competencias, paralice el Plan de contingencia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que contempla la creación de un único juzgado por provincia que asumiría la tramitación de los procedimientos por cláusulas abusivas de las hipotecas.
Igualmente, la Asamblea Regional de Murcia solicita al Consejo de Gobierno que se dirija al Gobierno de España para llevar a cabo los refuerzos necesarios en cada partido judicial para atender las reclamaciones por cláusulas abusivas hipotecarias.
