Joaquín Segado, Diego Conesa y Juan José Molina en el Congreso de los Diputados
Foto de familia de la expedición de la Región de Murcia que asistió a la sesión del 10 de septiembre de 2019
Los tres diputados regionales el pasado mes de septiembre en el Congreso
Segado, Conesa y Molina conversan tras ser elegidos representantes de la Asamblea Regional para defender la supresión de los aforamientos
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Diego Conesa, Joaquín Segado y Juan José Molina defenderán de nuevo en el Congreso de los Diputados la eliminación de los aforamientos

Joaquín Segado, Diego Conesa y Juan José Molina en el Congreso de los Diputados

Los diputados regionales Diego Conesa, Joaquín Segado y Juan José Molina, portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, volverán a subir a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados el próximo martes día 11 de febrero, a partir de las 15:00 horas, para defender la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a fin de eliminar los aforamientos de los parlamentarios autonómicos y de los miembros del Consejo de Gobierno.

Conesa, Segado y Molina defendieron la supresión de los aforamientos en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre. El pleno aprobó la tramitación de la reforma por amplia mayoría: 293 votos a favor, 21 abstenciones y ningún voto en contra; sin embargo la disolución de las Cortes Generales hizo decaer esta iniciativa, que ahora reanuda su tramitación.

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (artículos 25 y 33) que se defenderá en el debate de totalidad ante el Pleno del Congreso el 11 de febrero, fue aprobada por unanimidad en la pasada Legislatura, concretamente el 26 de abril de 2017. La Asamblea Regional se convertía así en el primer parlamento en decidir la eliminación de los aforamientos, una figura por la que ni los diputados regionales ni los miembros del Consejo de Gobierno pueden ser detenidos ni retenidos durante su mandato, salvo en caso de flagrante delito, por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, en tanto el Tribunal Superior de Justicia decide sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, y que, fuera de la Región, la responsabilidad penal de sus actos sólo puede ser exigida en los mismos términos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

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