Más del 90 por ciento de las 8651 sentencias dictadas en la Región de Murcia durante 2019 se han realizado conforme a las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal, “lo que demuestra que los criterios por los que se rige esta entidad son exactamente iguales que los de los órganos judiciales: imparcialidad, legalidad y proporcionalidad de la acción de la justicia”. El dato ha sido facilitado hoy por José Luis Díaz Manzanera, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, tras el encuentro mantenido con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, para entregarle la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2019.
Díaz Manzanera ha subrayado que ese 9% de sentencias contrarias al criterio de la Fiscalía sube al 22% cuando se trata de delitos de violencia contra la mujer, debido a que un 12 o 13 por ciento de estas denuncias se retiran por la ausencia de prueba testifical, al acogerse las víctimas a su derecho a no declarar; una dispensa que, a su juicio, se debería derogar por cuanto impide sentencias condenatorias, aun cuando existan pruebas documentales como los partes médicos, o testimonios de referencia de la propia policía.
El fiscal jefe del TSJ de Murcia ha señalado que en la Memoria entregada hoy a la segunda autoridad de la Región se resume la labor desarrollada por la Fiscalía durante 2019, con la incoación de más de 82000 procedimientos en el ámbito civil y penal, y también en el laboral y contencioso-administrativo para casos de posible vulneración de derechos fundamentales, cifra similar a la del año anterior.
Uno de los aspectos destacados por Díaz Manzanera, en los delitos de seguridad vial, es que se está consiguiendo “la persecución de la conducción bajo la influencia exclusivamente de las drogas, aunque no con la intensidad que esperamos, por razones de índole procesal, al no haber aparatos lo suficientemente homologados para poder acreditar la existencia de drogas en el organismo”.
En el capítulo de necesidades, Díaz Manzanera ha resaltado la consecución de seis de los quince fiscales que se necesitan para paliar el déficit estructural de plazas, y ha abogado por la consecución de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, Lorca y Molina de Segura.
El fiscal superior del TSJ de Murcia ha aprovechado su encuentro con el presidente de la Asamblea para hacerle partícipe de la campaña de divulgación que pondrán en marcha en septiembre para acercar la figura del fiscal y de la labor que desarrolla a la sociedad. Alberto Castillo ha elogiado esta iniciativa, pionera en España, que contribuirá a erradicar la falsa creencia de que los fiscales son los “malos” de la película y no los defensores de los derechos de la sociedad, y ha ofrecido la sede del parlamento regional para su presentación a los diputados.
