La Región de Murcia tiene autonomía financiera, dominio público y patrimonio propio de acuerdo con la Constitución, este Estatuto y los principios de coordinación orgánica y funcional con las Administraciones estatal y local, así como de solidaridad entre todos los españoles.
El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia se compone de:
Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonómico y a la Diputación Provincial.
Los bienes que estuvieran afectos a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma.
Los bienes que adquiera por cualquier título jurídico válido.
La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de los bienes que integren su patrimonio.
El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Región deberá regularse por una ley de la Asamblea en los términos del presente Estatuto y en el marco de la legislación básica del Estado.
Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
Los ingresos procedentes de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Los ingresos procedentes de los tributos que sean cedidos total o parcialmente por el Estado.
Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado.
Las participaciones en los ingresos del Estado.
El producto de las operaciones de crédito y de las emisiones de deuda.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
Las asignaciones que se puedan establecer en los Presupuestos Generales del Estado.
Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial para la inversión en el territorio de la Región.
Cualesquiera otros ingresos públicos o privados.
Corresponde a la Comunidad Autónoma:
La administración de los tributos propios, en sus fases de gestión, liquidación, recaudación e inspección, pudiendo solicitar de la Administración Tributaria del Estado la colaboración que precise para el mejor cumplimiento de estas funciones.
Por delegación del Estado, la administración de los tributos cedidos por éste en la forma y límite que señale el acto de cesión.
En los demás casos, dicha administración corresponderá al Estado, sin perjuicio de la delegación que la Región pueda recibir de éste y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando las necesidades y circunstancias así lo aconsejen.
El Consejo de Gobierno podrá colaborar con las corporaciones municipales para la recaudación de los tributos propios de éstas, sin perjuicio de la gestión, liquidación e inspección que corresponde a tales entidades.
El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados en materia tributaria, corresponderá:
Cuando se trate de tributos propios de la Comunidad Autónoma, a sus propios órganos económico administrativos.
Cuando se trate de tributos cedidos y de recargos establecidos sobre tributos del Estado, a los órganos económico administrativos del mismo.
Las resoluciones de los órganos económico administrativos de la Comunidad Autónoma podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo, en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta jurisdicción.
El establecimiento, modificación y supresión de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como de los elementos directamente determinantes de la deuda tributaria, inclusive exenciones y bonificaciones que les afecten.
El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado.
Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma y a la Asamblea Regional su examen, enmienda, aprobación y control.
El Presupuesto tendrá carácter anual, ajustando su periodicidad a la de los Presupuestos del Estado y será presentado por el Consejo de Gobierno a la Asamblea con una antelación mínima de dos meses a la fecha de inicio del correspondiente ejercicio.
En él se incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la Comunidad Autónoma, consignándose igualmente el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos correspondientes a ésta.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma será elaborado con criterios homogéneos, de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado.
Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma no fuera aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo.
El Consejo de Gobierno, autorizado por una ley de la Asamblea, podrá emitir deuda pública y concertar otras operaciones de crédito para financiar gastos de inversión por un plazo superior a un año.
Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá realizar operaciones de crédito por plazo no superior a un año, con objeto de cubrir necesidades transitorias de Tesorería.
Las operaciones de crédito a que se refieren los números anteriores se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y demás normas generales del Estado.
Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos.
La Comunidad Autónoma, de acuerdo con la legislación del Estado, impulsará el establecimiento y desarrollo de instituciones públicas de crédito y ahorro territoriales, adoptando las medidas que considere necesarias para garantizar su funcionamiento y posibilitar la captación y asignación del ahorro regional.
De igual manera, y dentro de sus competencias, procurará que la organización y la distribución de la inversión que tales entidades realicen se adapten a los principios de proporcionalidad y solidaridad comarcales.
La Comunidad Autónoma de Murcia podrá constituir empresas públicas como medio de la ejecución de las funciones que son de su competencia, según lo establecido en el presente Estatuto. Asimismo podrá participar en las de economía mixta, directa o indirectamente.
La Comunidad Autónoma, como poder público y en el marco de sus competencias:
Atenderá a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los ciudadanos de la Región.
Promoverá las diversas formas de participación en la empresa y fomentará, mediante una legislación adecuada, las cooperativas y demás modalidades asociativas. También adoptará las medidas que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La Región de Murcia gozará del tratamiento fiscal que la ley establezca para el Estado.