El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en la que reclama la creación de una Ciudad de la Justicia en Cartagena.
En el texto firmado por los portavoces de los cinco Grupos Parlamentarios, se recuerda que "un importante número de operadores jurídicos firmó hace hoy dos años un manifiesto por la necesidad de la creación de una Ciudad de la Justicia en Cartagena, denunciando la situación de infradotación judicial de Cartagena en relación a su población y necesidades. Dicho manifiesto fue asumido públicamente por todos los partidos políticos, y así consta expresamente en todas las manifestaciones realizadas por los mismos, sin que a día de hoy, y dos años después, ninguno de los puntos que en él figuraban se haya llevado a cabo".
En este sentido, los cinco portavoces parlamentarios consideran que "el retraso en la puesta en marcha del proyecto de la Ciudad de la Justicia y su realización resulta inaceptable. Lo mismo sucede con el Juzgado de lo Mercantil y de Primera Instancia que fueron solicitados y concedidos hace dos años a Cartagena, sin que a día de hoy hayan sido puestos en funconamiento". El texto incide en que "el partido judicial de Cartagena precisa urgentemente la ubicación de los nuevos juzgados ya acordados, Primera Instancia y de lo Mercantil y que, tanto por parte del Ayuntamiento de Cartagena, como por los organismos regionales, se ofrezcan locales en los que se puedan ubicar. Según datos del Ministerio de Justicia, Cartagena dispone de un tercio menos de juzgados que ciudades similares como Gijón o Elche, que no son capitales de provincia".
Por último, la declaración institucional hace referencia a que "hoy son los Colegios Profesionales y los ciudadanos de Cartagena quienes lo demandan, y la Asamblea Regional de Murcia, recogiendo tan dignas como legítimas demandas, reclama para todos y cada uno de los partidos judiciales de la Región al Ministerio de Justicia la disposición de los fondos necesarios y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, en la convicción de que no puede haber libertad sin justicia, justicia sin seguridad jurídica, ni seguridad jurídica sin los órganos jurisdiccionales y los recursos materiales y humanos que a otras comunidades autónomas sí se les han facilitado".
