La integración de los agricultores en sociedades y comunidades de riego constituye en España una práctica secular. Es lógico pensar que una sociedad como la murciana, afectada desde siempre por un déficit hídrico importante, estuviese tradicionalmente volcada hacia las aguas disponibles en sus ríos o las que pudiera ganar a la naturaleza por diversos medios.

Las juntas de hacendados, comunidades de regantes, heredamientos, etc., con su legislación y su manera de actuar mancomunada, realizaron mejoras en las huertas y efectuaron labores de limpieza y mantenimiento, intentando con sus escasos medios evitar catástrofes o sobreponerse a ellas. Estos agrupamientos de regantes contribuyeron, durante siglos, a afrontar distintas iniciativas en la cuenca del Segura. Pero su alcance era, obviamente, limitado.

Las peculiares características de la cuenca del Segura, dependientes sus cultivos, en grado extremo, de la efectividad de sus riegos y de que se cumpliera de modo extraordinariamente preciso con las normas de la huerta, habían propiciado que se contemplara la agrupación de los agricultores como algo primordial para el aprovechamiento del agua en la región.
La importante Ley de Aguas de 1879 incorporaba ya la conveniencia de que se crearan, a nivel de todo el Estado, sindicatos de regantes que agruparan y posibilitaran la confrontación de ideas y el debate sobre los intereses de los agricultores de todas las zonas integradas en una determinada cuenca68.

En Murcia, el primer Sindicato Central de Riegos del río Segura nació en 1918, y constituyó, de alguna manera, un primer escalón de lo que vendría después: la Confederación Hidrográfica del Segura. El sindicato controlaba la mayor parte de la cuenca y su objetivo principal era la defensa de los intereses de los agricultores.
Una década y media antes, en 1903, se había producido la creación de la División Hidráulica del Segura. Las divisiones hidráulicas, creadas a nivel estatal, se responsabilizaban de todo lo relacionado con las aguas públicas.

Pero era preciso avanzar en esta cuestión. Quedaba claro que el agua, por su importancia vital para el abastecimiento, la agricultura y la industria, era uno de los bienes fundamentales del Estado. En función de esta verdad insoslayable, era el propio Estado a quien le competía arbitrar los métodos para encauzar y administrar dicho bien, si se quería sacar el máximo partido de cada cuenca hidrográfica.

Estas divisiones hidráulicas y sus herederas directas, las confederaciones hidrográficas, se basaban en el ideal de que el agua debía ser aprovechada en su integridad: “ni una sola gota de agua caída en estas cuencas vaya a parar al mar sin antes haber entregado dócilmente su energía o haber rendido a la tierra su acción fertilizante”.

Esa idea de aprovechamiento íntegro de los ríos, estaba ya firmemente asentada en el estudio sobre la cuenca del Segura realizado en 1886 por los ingenieros Ramón García y Luis Gaztelu:

Visión de la presa del pantano de Santomera, construido en 1965