Las aguas corrientes son públicas, pero las aguas de las acequias que sean propiedad de varios deben ser divididas entre éstos por cantidad o por tiempo. Sobre este principio levantaron los reglamentos musulmanes el uso de las aguas de riego: el agua constituye un bien común, y es inseparable de la tierra.

La legislación dada por Alfonso X el Sabio a regantes y dueños de propiedades cuando reconquistó el reino de Murcia, ratificaba esta práctica, y el agua quedó unida a la tierra. En las zonas donde el río Segura pasaba cerca o se podía conducir el agua por medio de aceñas y norias, esto siguió siendo así. Pero en las comarcas con mayor déficit hídrico, el aumento de población que acarreó la Reconquista, y la consiguiente ampliación del perímetro regado, se tradujo en una desproporción creciente entre territorio y agua disponible.

Ese hecho provocó que se formara un mercado del agua que generó una nueva clase social en ciertas zonas del sureste: los aguatenientes. Son los señores del agua, que detentarán el poder político y económico de comarcas como Lorca o Mula durante siglos.

Es precisamente en los escritos de uno de estos señores del agua donde esta modalidad encontró uno de sus primeros defensores a mediados del siglo XIX. Para Musso Fontes: “El interés del labrador cuando riega de balde es directamente opuesto al del mismo cuando lo hace por su dinero. En el primer caso, quiere mucha agua; en el segundo, la menos posible. Con la subasta se dan los riegos en la razón oportuna”.

Lorca y Mula fueron los dos municipios de la región en la que este hecho se convirtió en algo cotidiano, a través de la celebración diaria de subastas –Alporchón en Lorca, Concierto de las aguas en Mula– en las que se vendía el agua al mejor postor. Pero hubo otras localidades en las que la separación de tierra y agua se convirtió en un hecho, en algún momento de su historia, como Totana, Alhama, Moratalla, Fortuna, Jumilla, Yecla, Pliego, Ricote o Librilla7.